MP: funcionarios y empresas enfrentarán sanciones severas ⚖️💥

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la reforma del Código Penal, cualquier acto de corrupción que perjudique el patrimonio del Estado será sancionado con mayor rigor, advirtió la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Empresas en la mira

• Las compañías investigadas por corrupción serán inhabilitadas y no podrán participar en licitaciones ni contratos con el Estado.
• Sus representantes serán inhabilitados para funciones públicas por cinco años.
• Si se prueba la corrupción, la empresa podrá ser cerrada temporalmente o incluso disuelta.

Servidores públicos bajo control

Los funcionarios que actúen al margen de los principios éticos, incumplan sus deberes o cometan actos dolosos que afecten recursos públicos también serán sancionados.

“La honestidad, transparencia y eficiencia no son valores agregados de un servidor público, son intrínsecos a la labor de un funcionario”, destacó Reynoso.

Corrupción: un delito autónomo

Por primera vez, la República Dominicana reconocerá la corrupción como un delito autónomo, lo que permite sancionar cualquier acción dolosa que afecte los recursos del Estado, sin necesidad de que esté tipificada de forma específica. La magistrada enfatizó que el patrimonio público pertenece a la sociedad, y no al Gobierno.

Denuncias ciudadanas y PEPCA

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental desarrollará una campaña para que los ciudadanos presenten denuncias de corrupción, de forma anónima o identificada, a través de medios digitales. Todas las denuncias serán canalizadas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde se iniciarán las investigaciones correspondientes.

Impacto en la ciudadanía

Reynoso subrayó que la corrupción desvía recursos de sectores clave como salud, educación y seguridad, afectando directamente a la población, que es la principal víctima de estos actos.

Con estas medidas, el país da un paso significativo en la lucha contra la corrupción, estableciendo un marco legal más estricto y herramientas para que la sociedad participe activamente en la supervisión del uso de los recursos públicos.